“Los paraísos fiscales no son sólo sobre impuestos. Se trata de
escaparse – escaparse de las leyes criminales, de los deudores, de los
impuestos, escaparse de una prudente regulación financiera – y sobre todo,
escaparse del escrutinio democrático y de la rendición de cuentas” Nick
Shaxson
Hace alrededor de un año a
raíz de revelaciones de que políticos ecuatorianos tenían cuentas en paraísos
fiscales, el Presidente Rafael Correa dijo “Me indigna que funcionarios
públicos tengan empresas offshore; contradice el espíritu de nuestro Gobierno”.
A pesar de no ser ilegales, los paraísos fiscales le roban cada año a los
Estados nacionales miles de millones de dólares, con el propósito de hacer a
sus titulares más ricos e independientes de tributaciones locales, aumentando
la desigualdad social.
Para tener una idea, la
riqueza financiera global presupuestada se calcula en 95.5 trillones de
dólares, esto viene siendo la suma de todos los depósitos, portafolios de
acciones, acciones en fondos mutuales, contratos de seguro tenidos por
individuos sin deudas… Siendo conservador Gabriel Zucman en su libro “La
riqueza perdida de las naciones” estima que el 8% de esa riqueza es decir 7.6
trillones se encuentra en paraísos fiscales, para tener una cifra de
comparación la deuda total de Grecia es de 350 billones de dólares.
El presidente Correa no se
quedaría de manos cruzadas, y estableció en las pasadas elecciones un
plebiscito en el cual el pueblo ecuatoriano decidiría si los funcionarios
públicos podían poseer estas llamadas cuentas offshore. Y la gente decidió que
no. Correa diría “Ganamos ampliamente la consulta popular… Queremos de
verdad luchar contra la corrupción, no a los paraísos fiscales o visto de otra
forma sí a la consulta popular”.
Un buen triunfo para el Ecuador.
Ya que este tipo de esquema financiero afecta mayormente a los países pequeños
o en vías de desarrollo, los cuales carecen de mecanismos o fuerza suficiente
para exigirles transparencia a los países huéspedes de paraísos fiscales. Es
decir, desconocen cuáles de sus ciudadanos evaden sus responsabilidades
fiscales y tributarias y no pueden perseguirlos. EEUU podría forzar a Suiza a
entregarle esos datos con FATCA, pero República Dominicana no, porque carece de
capacidad para influir y negociar con Suiza. Por eso vemos como América Latina
pierde el 22% de su riqueza financiera en estos paraísos mientras que EEUU sólo
el 4%.
Y aún si el acuerdo entre los
países tuviese lugar, resolver este problema no sería tarea fácil. Las
entidades financieras construyen complejos sistemas, usan compañías de carpeta,
trusts, holdings y fundaciones como titulares. Por lo que un país pida las
informaciones sobre sus nacionales a un banco puede ser inútil cuando una
compañía de nacionalidad A, está formada por compañías de nacionalidades B y C,
a su vez compuestas de individuos de nacionalidad D, E y F.
Tampoco será fácil ya que la
velocidad con la que ocurren este tipo de transacciones permite el rápido
escape de los evasores de la lenta burocracia persecutora estatal. Hace unos
años se conoció el caso de un político europeo que cuando su Estado fue a
inquirir al banco si tenía cuentas, la respuesta se limitó a ser negativa, el
dinero había sido transferido a otra offshore en Singapur.
En el caso de los políticos es
peor, porque ellos tienen un mandato popular, y al representar el Estado,
evadir o eludir sus impuestos es antiético e indignante. Sin embargo el noble
ejemplo de Correa y Ecuador puede que resulte insuficiente, ya que el mecanismo
de evadir impuestos por excelencia se mantiene, ese de poner las cuentas a
nombre de un tercero.
Penosa e insuficiente es la
respuesta también desde el ámbito de políticas públicas de muchos Estados, las
cuales se encaminan cada día en perder más ingresos. Disminuir los impuestos (y
por ende la inversión social) para atraer inversionistas mientras observan cómo
se generan más rentabilidad en los paraísos fiscales. Otras respuestas
aplicadas adolecen del problema porque se hacen confiando en los mismos
banqueros que el sistema crea y mantiene.
Pero hay salida. Gabriel
Zucman propone en su libro un mecanismo mundial centralizado que regulen estos
valores, ahora mismo existen pero tienen limitaciones territoriales y son
privados, no comparten información con los Estados de manera regular. De igual
forma sugiere crear impuestos globales en las fuentes, lo cual reduciría las
compañías de carpeta y otras técnicas de simulación, la opacidad e induciría a
los beneficiarios a declarar.
Otro aspecto esencial es
terminar con el Secreto Financiero, esto es la privacidad de los fondos de las
personas en las instituciones financieras. Uno de los miedos de un organismo
centralizado es que al tener todos los valores de las personas registrados se
afecte la privacidad individual. Sin embargo, Zucman explica que todos los
países tienen registro de propiedad para inmuebles, pudiendo saber con certeza
quién posee un determinado terreno en casi cualquier parte del mundo y cobrarle
los debidos impuestos, y esta era considerada la fuente principal de riqueza en
el pasado.
Todo esto sólo es obtenible si
se logra una presión conjunta de las víctimas (los pueblos) frente a los
paraísos fiscales. Y es que en la actualidad, los más grandes ladrones de
nuestros Estados son las políticas de países como Suiza, Islas Caimán, Panamá,
Luxemburgo, Singapur y demás sucursales de paraísos fiscales. O bien Paraísos
de la desigualdad que mientras el número de cuentas offshores aumentan, ven el
número de clientes disminuir. Paraísos de la evasión formados por una mayoría
de personas que no los declaran en sus países de origen ni pagan iguales
tributos, paraísos de la elusión, del lavado… Infiernos de la democracia, de la
igualdad, del desarrollo… A los cuales deben hoy enfrentar los Estados, aunque
sólo sea iniciando por sus funcionarios.
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